por S.Cantú
En medio de la efervescencia política que caracteriza los tiempos electorales, se ha llevado a cabo un nuevo episodio en el caso de la aspirante a la presidencia municipal de Colima, quien ha protagonizado una batalla legal en su búsqueda por validar su candidatura. El proyecto de resolución definitiva del juicio para la defensa ciudadana electoral, expediente JDCE-10/2024, ha sido sometido a lectura, discusión y aprobación en un clima de atención y expectativa.
La ciudadana Viridiana Valencia Vargas, en su calidad de aspirante a ocupar el cargo mencionado, ha interpuesto este recurso alegando una serie de irregularidades en el proceso electoral que afectan sus derechos político-electorales. Entre los puntos destacados, se encuentra la supuesta negativa injustificada por parte de las autoridades correspondientes en la expedición de la constancia de residencia con la antigüedad requerida, así como diversos actos que, según su alegato, obstruyen sus derechos políticos-electorales, constituyendo violaciones a sus derechos humanos y violencia política de género e institucional en su contra.
Sin embargo, es relevante hacer una aclaración fundamental: la resolución emitida en el Tribunal Electoral del Estado no aborda directamente el registro de Viridiana Valencia Vargas como candidata de un partido político específico, sino que se centra en un recurso interpuesto por la propia Valencia Vargas respecto a la negativa del Ayuntamiento para otorgarle la constancia de residencia necesaria.
Es interesante señalar que la aspirante cuenta con respaldos alternativos, como una constancia de residencia emitida por un comisario municipal, que podrían eventualmente respaldar su registro. Además, se han mencionado casos similares en el estado, donde registros se han concedido bajo circunstancias comparables.
El debate que rodea este caso subraya la importancia de la verificación de residencia en los procesos electorales, pero también plantea interrogantes sobre la interpretación y aplicación de los requisitos legales en situaciones específicas. La atención se centra en cómo este proceso se desarrollará en los próximos días y cómo impactará en el panorama electoral de Colima.
Mientras tanto, persisten las interrogantes sobre la legitimidad de cuestionar la residencia de Valencia Vargas, especialmente cuando existe evidencia pública y notoria que respalda su arraigo en la comunidad desde hace varios años. Este caso, lejos de estar cerrado, parece ser solo el inicio de un capítulo más en la intensa contienda política que caracteriza esta temporada electoral.
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