La mañana de este jueves, el secretario de Administración y Gestión Pública, Eduardo Rosales Ochoa, acudió al Congreso local a comparecer como parte de la glosa del último informe de gobierno de Ignacio Peralta, donde manifestó que recibió una dependencia ordenada en sus procesos internos, con un avance importante en la gestión gubernamental en los asuntos que a ella le competen, además de afirmar que la dependencia a su cargo ha gestionado ante las instancias correspondientes el pago de nóminas, procurando privilegiar las áreas más sensibles como la seguridad pública, sin dejar de lado el resto.
Informó que se ha evaluado a 1700 trabajadores para medir el impacto de la capacitación recibida en materia de comportamientos que puedan causar algún tipo de discriminación, se conoció y evaluó la percepción de más de 2 mil 83 usuarios respecto a la experiencia del servicio, calidad y satisfacción.
En el contexto de la pandemia, se realizaron 2 mil 345 videollamadas de trabajo, con una participación de casi 40 mil personas. Las acciones anteriores, dijo tienen la posibilidad de hacer lo más eficiente posible al aparato gubernamental, además de afirmar que la dependencia a su cargo ha gestionado ante las instancias correspondientes el pago de los trabajadores, priorizando las áreas más sensibles como la seguridad, sin dejar el resto de lado.
Por su parte, la coordinadora del Partido Encuentro Solidario, Kathia Castillo, preguntó al funcionario ¿Qué es lo que falló en la planeación y administración de los recursos públicos a disposición del poder Ejecutivo, para que se tenga hoy en día a miles de familias colimenses sin el ingreso producto de su trabajo, patrullas paradas porque no hay recursos para combustibles y oficinas de gobierno en las que no hay ni papelería?
El coordinador del Partido Verde, Roberto Chapula, dijo que el problema central del gobierno de Colima actualmente es el impago a distintos sectores de la burocracia, maestros y Universidad de Colima, lo cual, reiteró se ha dado por la falta de pago oportuno de participaciones federales al estado, lo cual, lamentó que no llegue a la entidad como sí pasa con otras.
La diputada de Acción Nacional, Fernanda Salazar, cuestionó al secretario, ¿cuántas personas empleadas del Gobierno del estado han sido objeto de despido en el último año?, ¿existe alguna causa legalmente justificada para tales despidos y cuáles son? ¿Cuál es el monto de gasto que supuestamente se ahorro con tales despidos?, ¿en qué punto de la planeación se concluyó que esos despidos serían de provecho para la sociedad?
El coordinador de la bancada del PRI, Héctor Magaña, coincidió con Fernanda Salazar al cuestionar cuáles fueron los ahorros al despedir a algunos trabajadores del gobierno, así como ¿cuáles fueron los criterios para la reciente basificación de algunas personas al interior de la burocracia? Y ¿cuáles fueron los motivos para despedir a trabajadores que tenían hasta 20 años en la administración pública?
La diputada de Morena, Isamar Ramírez, expresó que el gobierno local se encuentra en un desastre financiero y cuestionó sobre el C5i, ¿cuál fue la inversión total en equipo de cómputo, adquisición de cámaras, arcos de vigilancia y software? ¿Se adquirieron bajo licitación o por medio de adjudicación directa?
Sobre las subastas que ha realizado el gobierno de Ignacio Peralta, preguntó, ¿cuál ha sido el monto total recaudado por las subastas y en que se invirtió? Además de pedir que si hay algún bien inmueble propiedad del gobierno local que se encuentre en proceso de venta, se den a conocer los detalles.
En su respuesta el funcionario señaló que la nómina de la burocracia siempre ha estado presupuestada y no hubo ninguna sola quincena en el que el monto de esta nómina superara lo presupuestado por el Congreso local, “dónde se da el desbalance es un tema que no me alcanza, ya que la Secretaría no conoce el flujo financiero que tiene el gobierno del estado”, afirmó.
Sobre la venta de inmuebles patrimonio del Gobierno del Estado de Colima, Ochoa dijo que es prácticamente imposible que la administración venda algún inmueble de los que se han mencionado en los medios de comunicación, como la ex zona militar, en los días que restan pues hay varios pasos a seguir como el que el comité respectivo sesione, lo cual no ha sucedido y de suceder e impulsarse este tema, señaló, no será un punto que él promueva.
Sobre el personal despedido expresó que es personal que no se recontrató, por lo que no hubo como tal un despido, sino que se concluyó un contrato. Ahondó que en cuanto al personal de confianza, el que estos salgan de la administración es un ciclo natural, pues no hay nada que por ley le obligue al gobierno a conservarlos al cierre de la administración.
En cuanto a las basificaciones en la burocracia dijo que cuando llegó este proceso ya estaba hecho, que los puestos no son de nueva creación, que los trabajadores tenían más de 6 meses dentro del servicio público, que tenían asignación presupuestada y con expediente debidamente conformado.
La diputada panista, Fernanda Salazar agregó cuestionamientos sobre las deudas por impagos a proveedores y cuántos de estos son locales, mientras que el coordinador del PRI, Héctor Magaña, pidió al funcionario que se comprometiera como lo hizo el secretario General de Gobierno, a no firmar ningún documento que tenga que ver con la venta del patrimonio del pueblo de Colima.
La diputada de Morena, Isamar Ramírez, insistió en la preocupación de que la administración venda inmuebles de manera ilegal, además de preguntar por la deuda que se tiene con el Instituto De Pensiones De Los Servidores Públicos Del Estado De Colima, el Ipecol.
En su última intervención, el secretario de Administración y Gestión Pública expresó que son los comités de adquisiciones quienes tienen esa relación con los proveedores, sobre las subastas respondió que aunque hay una relación de estas, su dependencia no puede revisar cuáles fueron las fuentes de financiamiento.
Además de manifestar que “sin ningún problema me comprometo a no firmar nada que afecte el patrimonio de los colimenses, no solo de la ex zona militar, sino nada que afecte el patrimonio de los colimenses”
Sobre la deuda al Instituto de Pensiones expresó que esto recae en la responsabilidad de la secretaría de Planeación y Finanzas.
En su posicionamiento final, el diputado de Movimiento Ciudadano, Ignacio Vizcaíno expresó que espera que el funcionario forme parte de “la tenebra de engaños” del actual gobernador, de no ser así, dijo, es coadyuvante por acción u omisión del desastre financiero del estado.
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