Las deudas a corto plazo suman un importe de $2 mil 888 millones de pesos, entre las que destaca el adeudo con el Ipecol, que es de $900 millones.
En el rubro turístico, donde actualmente se deben más de $10 millones de pesos al Fideicomiso de Promoción Turística, pese a que el impuesto sobre hospedaje nunca se ha dejado de cobrar o recaudar.
Esta mañana, la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, informó en rueda de prensa que durante el proceso de entrega-recepción, siguen detectando diversas irregularidades y errores en el manejo de las finanzas públicas, lo que ha confirmado que se va a recibir un desastre financiero en el gobierno, ya que solamente en el tema de la deuda se estima que hasta el momento es de más de $11 mil 100 millones de pesos, “significa que cada una de las y los colimenses, cada niña y cada niño que nace en Colima deben $15 mil pesos, aproximadamente, que son una consecuencia de este desastre financiero del actual gobierno”.
Acompañada por la C.P. Fabiola Verduzco Aparicio, el Ing. Eduardo Jurado Escamilla y el C.P. Víctor Torrero Enríquez, integrantes del equipo de Transición Colima, la gobernadora electa expuso que si bien el avance del proceso de entrega-recepción es de un 70 por ciento, hay rubros en el sistema, de los que el gobierno saliente no ha publicado la información y por lo tanto se desconoce. Reiteró su compromiso con la sociedad colimense de que se hará una revisión profunda de la situación financiera del estado, aseveró que una vez iniciando su gobierno se transparentará e informará lo que está sucediendo, pues encabezará un gobierno que se regirá “por la honestidad, la transparencia, la austeridad y el compromiso con Colima”.
“Llevaremos a cabo la auditoría con la que nos comprometimos (…) y de encontrar los elementos que nos puedan ser de utilidad para que si hay personas que cometieron irresponsabilidades en todo caso se pueda actuar en consecuencia y de haberlo, insistir, nosotros haremos los proceso que nos correspondan y que estén a nuestro alcance y en nuestro ramo obligación”, puntualizó.
Expuso que si bien el gobierno estatal ha dicho que el desbalance financiero que se tiene se debe al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera que lo obligó a pagar los créditos contratados a corto plazo, este viene de años atrás: Al revisar esos créditos a corto plazo de años pasados, fueron creciendo desde los $200 millones de pesos (mdp) que se contrataron en 2016; en 2017, $550 mdp; para 2018 aumentó a $1 mil 450 mdp; en 2019 llegó a $1 mil 573 mdp, y en 2020 fue de $1 mil 210 mdp. “Si hubieran mantenido el gasto y la disciplina financiera que se tenía desde el primer año lo máximo que se hubiese contratado hubiesen sido estos $200 millones que se contrataron en el primer año y no estos $1 mil 200 millones de pesos; ahí encontramos por lo menos un gasto excedente de alrededor de $1 mil millones de pesos”, señaló.
Dijo además que tan solo de intereses por esos créditos a corto plazo se han pagado $1 mil 700 millones de pesos, lo que equivale al 10 por ciento del presupuesto anual de la entidad. Dinero que estimó, “se pudo utilizar en programas sociales para combatir la pobreza, en el fortalecimiento de la seguridad pública o incluso en el pago al Instituto de Pensiones”.
Vizcaíno Silva resaltó que otra irregularidad detectada fue que en la Ley de Ingresos, el gobierno estatal presupuestó ingresos por $2 mil 189 millones de pesos, de los cuales solamente se han ingresado $1 mil 250, los que significa casi $1 mil millones de pesos menos, lo que generó un adeudo $500 millones con proveedores.
En cuanto al proyecto del C5i, reveló que en el 2017 se autorizó que año con año, se presupuestaría un monto de $161.5 millones de pesos, para su construcción y equipamiento, mismo que al final tendría un costo de $808 millones de pesos. Pero indicó que a pesar de estar presupuestado ese pago anual, nunca se ejerció de manera cercana esa cantidad, o se ejerció en menor medida o no se ejerció; lo que llevó a que se solicitara un crédito a largo plazo por alrededor de $700 millones de pesos, de los cuales $500 millones eran para el pago de este C5i; aunque al parecer sigue habiendo adeudo con la empresa que realiza el proyecto.
Además de lo anterior, precisó que en ese mismo proyecto, en 2016 se identificó un pago por $180 millones de pesos adicionales, por estudios y evaluación del proyecto, por lo que su costo total aproximado será de $1 mil millones de pesos.
Por otro lado, denunció que en 2018 el Congreso del Estado autorizó al gobierno del estado $1 millón 700 mil pesos por concepto de asesorías, pese a que en los primero meses de ese año electoral, se hicieron algunas adecuaciones y terminaron gastando $97 millones en ese concepto. De acuerdo a los hallazgos, se trató de empresas que fueron contratadas para hacer diferentes estudios y análisis y dijo que entre ellas se detectaron sociedades mercantiles que han sido relacionadas con la práctica de ‘factureras’. “Prácticamente todos estos 97 millones de pesos se adjudicaron de manera directa, con oficios de excepción sin llevar a cabo los procesos de licitación que marca la ley. Estas adjudicaciones directas con oficios de excepción se convirtieron en un hábito, en una práctica cotidiana y común de la Secretaría de Finanzas”, planteó Indira Vizcaíno.
Otro de los hallazgos encontrados por el equipo de Transición, fue en el rubro turístico, donde actualmente se deben más de $10 millones de pesos al Fideicomiso de Promoción Turística, pese a que el impuesto sobre hospedaje nunca se ha dejado de cobrar o recaudar.
Vizcaíno Silva indicó que dicho fideicomiso debe más de $4 millones de pesos por campañas publicitarias, a pesar de que no todas se realizaron; además de que la Secretaría de Turismo adeuda desde 2016, más de $1 millón de pesos en vuelos de personas que no trabajaban o no estaban relacionadas con el gobierno del estado, mismos que no han sido aclarados.
De igual modo reveló que si bien ese fideicomiso reportaba que cada año pagaba sus recursos la totalidad del festival de fin de año “Manzanillo se Ilumina”, personal de la Secretaría de Turismo recaudaba con empresarios y hoteleros de ese municipio recursos como cooperación para dicho evento, sin entregarles un comprobante de los mismos. “Seguramente, una vez que comencemos el proceso auditoría, una vez asumamos el gobierno estaremos encontrando una serie de deficiencias”, adelantó Vizcaíno Silva, aunque reconoció que de momento no se podían dar datos de empresas o funcionarios que pudieran estar relacionados con estos temas para cuidar el debido proceso.
Por su parte, Víctor Torrero Enríquez, hizo un desglose de los pasivos que tiene actualmente el gobierno estatal, que asciende a los más de $11 mil millones de pesos, de los cuales tan solo en las deudas a corto plazo suman un importe de $2 mil 888 millones de pesos, entre las que destaca el adeudo con el Instituto de Pensiones (Ipecol) que es del orden de los $900 millones.
Detalló que dada la incorrecta aplicación de los recursos ha generado el incumplimiento de compromisos presupuestados con organismos autónomos como la Universidad de Colima, a la que se adeuda $172 millones y a la Fiscalía General del Estado a la que se le adeudan $119 millones, así como el incumplimiento con algunos fideicomisos.
Torrero precisó que en la deuda a largo plazo que heredará al gobierno entrante, esta alcanza los $3 mil 300 millones de pesos, que se dividen en 8 financiamientos; mientras que el equipo de transición identificó otros pasivos, como el de la Secretaría de Salud por el orden de los $1 mil millones de pesos; o el de la Secretaría de Educación por $1 mil 400 millones de pesos; organismos descentralizados y desconcentrados por cerca de $387 millones de pesos.
Sostuvo por otra parte, a esos adeudos se suman los $430 millones de pesos que significarán los compromisos de deuda, resultado de los bonos cupón cero que está usando el actual gobierno, así como los $1 mil 500 millones relacionados con déficit financiero que se tiene, de los cuales, $1 mil millones corresponden a nóminas.
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