Continuando con las comparecencias de secretarios de Estado con motivo de la glosa del VI informe del gobernador, Ignacio Peralta, la mañana de este viernes, acudió al Legislativo el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Jesús Sánchez Romo.
En su primera intervención el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano dijo que se ejecutaron 900 obras y acciones con una inversión superior a los dos mil millones de pesos, además de que se hicieron labores de conservación de más de 700 kilómetros de carreteras. Se construyó el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), con una inversión de 150 millones de pesos en una primera etapa y en el mismo espacio, el Complejo de Seguridad del Estado de Colima por un monto de 46 millones de pesos y en el ámbito cultural se está terminando la remodelación de Palacio de Gobierno.
En infraestructura deportiva, dijo, se modernizo la Unidad Deportiva Morelos con un costo de 230 millones de pesos, incluidas las dos etapas del Centro Acuático de Occidente. En cuestión de cobertura de servicios básicos, se realizaron 180 acciones para el abastecimiento de agua potable, alumbrado público y red eléctrica así como empedrados, se rehabilitaron 300 kilómetros de caminos sacacosechas, entre otras.
La diputada del Verde Ecologista, Patricia Ceballos, cuestionó sobre la carretera Minatitlán – Manzanillo, en específico el puente “El Puertecito”, que dijo, con cada lluvia queda inundado el paso provisional que comunica a las comunidades aledañas, por lo que preguntó, ¿Cuánto ha erogado el Gobierno del Estado en la construcción de estos pasos provisionales?, ¿cuándo concluirá la obra del puente? ¿qué otras acciones se realizaron para evitar la inundación del área metropolitana? ¿cuál fue el papel del estado en busca de la restauración de las vías por las que causan las aguas?, ¿qué medidas y programas se establecieron en apoyo a los comerciantes afectados por la dilación de sus obras?, ¿por qué si se han invertido tantos recursos para obra pública y planeación, el área metropolitana ha sufrido tantas inundaciones? ¿qué otras acciones se implementaron para mejorar la seguridad de los colimenses al transitar por las carreteras?, ¿qué empresas realizaron el mantenimiento de las mismas?, ¿cuántas de ellas se encuentran laborando?, ¿van a concluir su trabajo dejaran inconclusas?
También cuestionó sobre las acciones para que las calles sean transitables para personas con alguna discapacidad, la construcción del C5i, la suma ejercida, la que falta por ejercer, el contratista elegido y las empresas relacionadas con su construcción y equipamiento.
La diputada panista, Fernanda Salazar, coincidió en preguntar sobre la construcción del C5i así como la rehabilitación de Palacio de Gobierno, pidiendo que se informaran los montos reales ejercidos en esta obra y su terminación, además de que diera cuenta sobre la rehabilitación y mantenimiento que se ha hecho en centros y edificios del sector salud.
La diputada de Morena, Ana Karen Hernández exigió que se informe si el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES) concesionó la operación del relleno sanitario a la empresa Casa Colima S.A. de C.V o a Mayo 3 S.A. de C.V. o a cualquier empresa vinculada a esas firmas constructoras o a los nombres de Pedro Peralta Rivas, Sofía Peralta Ferro o Pedro Peralta Ferro pues consideró, habría un evidente conflicto de interés. Además, solicitó que se explique en qué consistieron los trabajos realizados por la Empresa Grupo Constructor Micol S.A. de C.V en el Relleno Sanitario Metropolitano.
En su respuesta el Secretario de Infraestructura señaló que el tramo del Puente “El Puertecito” es federal y corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes responder por los retrasos en la obra. Sobre las inundaciones en la zona metropolitana, señaló que cada año se deben limpiar y desazolvar los ríos y arroyos para que mantengan capacidad de flujo, pero afirmó que este problema continuará mientras no se haga algo hacia el norte de la ciudad, pues afirmó, es un tema de reforestación. Sobre la señalización en carreteras, dijo que desde 2019 no se cuentan con recursos para ello, situación que desde 2021 se repite en cuanto a lo destinado para la construcción de infraestructura en las calles para personas discapacitadas.
En materia de salud, informó que se intervino la unidad de cuidados intensivos, el Hospital Regional Universitario y se encuentra haciendo un centro de salud en Coquimatlán con fondos federales y quedará concluido hacia noviembre o diciembre de este año. En cuanto el mantenimiento que se da en esta materia, expresó, no se tiene nada etiquetado pues cada área debe procurar sus fondos para ello. Sobre el relleno sanitario expresó que el Imades tiene un comité directivo y él no tiene la capacidad de licitar concesiones, además de desconocer la empresa que opera en dicho espacio.
Respecto al C5i respondió que se lleva un 50% de avance del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) que es de poco más de 46 millones de pesos, que entre 2017 o 2018 se ejercieron otros 150 de una primera etapa, los cual asegura, están comprobados y auditados. Mientras que en Palacio de Gobierno se ejercieron 30 millones de pesos en 2018, mitad estado y mitad federación, mientras que en una segunda etapa se están ejerciendo 46.5 millones de pesos producto del último crédito, además de que seguramente se terminará este mes o inicios del siguiente.
La diputada panista, Fernanda Salazar, cuestionó sobre la obra en la Calzada Galván que contempla una ciclovía, si es que está tiene una segunda etapa y qué solución se plantea ante situaciones como que una ambulancia no pueda pasar por ella durante las horas pico y si se ha tenido acercamientos con la próxima administración para continuarla. Expresó que en los miradores y la colonia Milenio tienen una desconexión física que implica a los habitantes problemas para trasladarse, peguntó, ¿Qué proyectos se han desarrollado para proteger a los ciudadanos de los cruces de las vías del tren, la comunicación que se ha tenido al respecto con el Gobierno Federal y que se puede hacer por parte del estado? Así como sobre la actualización de los mapas de riesgo de los municipios.
En su última intervención el funcionario dijo que sí hay una segunda etapa de la calzada Galván y que el proyecto se entregará a la próxima administración, que cuesta 123 millones de pesos y que ya estaba prácticamente aprobado cuando se dio la noticia de la desaparición del Fondo Metropolitano.
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