La gobernadora electa informó que el cálculo de la deuda estatal aumentó a 11 mil millones de pesos.
+ Hizo un llamado al gobernador Ignacio Peralta para que se abstenga de continuar con estas acciones que perjudican los bienes y las propiedades de las y los colimenses.
La gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, en rueda de prensa informó que el cálculo de la deuda estatal aumentó a 11 mil millones de pesos, por lo que denunció el intento del gobierno estatal saliente de vender y concesionar algunos bienes a través de procesos amañados, que son patrimonio de las y los colimenses, para cubrir boquetes financieros.
Al informar los avances del proceso de entrega-recepción, Vizcaíno Silva detalló que si bien hace dos semanas se tenía identificada una deuda de alrededor de 8 mil millones de pesos, a la fecha es de 11 mil millones de pesos.
“Me queda claro que la opacidad del proceso de entrega-recepción en el que se nos ha negado incluso información tiene que ver con ello, es decir, seguramente están intentando corregir, adecuar cosas y todo aquello que ya les resulte imposible cubrir, pues es lo que se está destapando en este momento. No sabemos aún hasta donde estaremos encontrando más sorpresas como estas”, expuso la gobernadora electa.
Dijo además, que tienen información de que la semana pasada intentaron llevar a cabo una reunión de un comité del gobierno estatal para en un proceso amañado, sin cumplir con los tiempos que marca la ley, para vender la ex zona militar, donada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Están intentando de última hora vender para poder cubrir boquetes financieros. También sabemos que está un proceso en el que se quiere entregar un terreno, propiedad del gobierno del estado en El Colomo, en Manzanillo, para hacer un pago al Ipecol”, señaló.
Expuso que también detectaron el desmantelamiento de la planta recicladora de residuos sólidos en Tecomán, pues trasladaron todo el equipamiento y la maquinaria al espacio del manejo de residuos sólidos de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, concesionado a un particular.
Aunado a lo anterior, indicó que de último momento y a quemarropa, se pretende crear un fideicomiso que garantice el pago de las labores del manejo de residuos sólidos que se hace en ese espacio, que pretende que cada mes tenga un fondo de reserva de 4 millones de pesos, a costa de las y los colimenses.
También advirtió que se pretende otorgar en concesiones a particulares un espacio en Palacio de Gobierno para que funcione como cafetería, así como la alberca olímpica de la Unidad Deportiva Morelos.
Recordó que en el caso del Palacio de Gobierno, la remodelación no ha concluido; mientras que en el de la alberca olímpica, esta no se hizo con recurso público, sino de particulares y a través de un proceso para que en vez de que este recurso se pagara como impuestos a Hacienda, se quedara en el estado para convertirse en infraestructura deportiva de alto rendimiento.
Por otro lado, advirtió que estarán revisando las solicitudes que se tienen ante el Ipecol para la jubilación de tres personas que tienen apenas entre 40 y 46 años de edad, pues no cumplen con los requisitos para jubilarse.
Anunció que en días pasados intentó sesionar el órgano que toma las decisiones del C5i para con un documento prefechado, que pretendían pasar por documentación del mes de septiembre y comprometer el ejercicio de un recurso público que aún no ha llegado al estado por casi 160 millones de pesos.
Ante todo lo anterior, hizo un llamado al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, para que se abstenga de continuar con estas acciones “que perjudican los bienes y las propiedades de las y los colimenses, porque se tiene una gran desconfianza del manejo que se pueda hacer de esas decisiones y de los recursos que se puedan recibir de las mismas”.
Hizo además un llamado a los funcionarios del gobierno del estado que estén en las diferentes dependencias involucradas para que se abstengan de participar en esos procedimientos, “a todas luces irregulares e ilegales, que pueden acarrearles consecuencias legales también”. Llamado que hizo extensivo a los particulares que estén participando en estos procesos.
Dijo que de concretarse estos actos, serán investigados a fondo para garantizar que cumplen con los requisitos legales y no existan cadenas de corrupción en los mismos.
“Al gobernador le exigimos que cese de intentar vender el patrimonio de las y los colimenses; desde aquí le decimos que vamos a investigar y realizar las acciones legales en contra de los funcionarios que dañen y vendan el patrimonio de las y los colimenses, pero también de los particulares que sean cómplices y compren dicho patrimonio”, sentenció.
Recordó que estamos a unos días de que termine este régimen de corrupción de más de 90 años, de estos gobierno insensibles de las últimas décadas y añadió que tras la reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se tiene la confianza de que en la medida de que el gobierno entrante haga las cosas bien, se contará con la confianza y el respaldo del Gobierno de México.
HALLAZGOS EN LAS SECRETARÍAS
Al hablar del proceso de entrega-recepción, la Arq. Marisol Neri León, integrante del equipo de Transición Colima, adelantó que darán puntual seguimiento a las auditorías practicadas por la Auditoria Superior de la Federación en los ejercicios 2016-2020, que ordenó el reintegro de recursos a la federación por la cantidad de 5 mil 314 millones 738 mil 602.77 pesos, por diversos conceptos de observaciones no solventados en los programas federales.
Informó además, que ante la Consejería Jurídica se tienen seis litigios abiertos, entre los que destaca el caso de una obra que se realizó en el municipio de Manzanillo, que ya no existe debido a las últimas lluvias.
En lo referente a la Secretaría de Seguridad Pública, expuso que únicamente se tienen 44 patrullas en servicio, mientras que otras 67 están descompuestas; además de que existen 88 vehículos civiles, 38 motocicletas y 4 bicicletas; parque vehicular que, dijo, se tendrá que estar revisando para ver la forma de que se pueda incrementar, así como el número de elementos.
En la Secretaría de Educación, donde se trabaja mediante convenios bipartita, entre los gobiernos estatal y federal, detectaron que en algunos de estos el gobierno estatal sí ha cumplido con sus aportaciones en las ministraciones de los primeros bimestres, pero en el resto no lo ha hecho, lo que ha generado endeudamiento con trabajadores y proveedores.
Neri León añadió que en el Incoifed no les han entregado información completa con relación a las obras que se han ejecutado, pero también han detectado que hay empresas contratadas que no cuentan con el perfil para realizar determinada obra asignada, como lo marca la Ley de Obra Pública.
En la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, han encontrado muchas obras que no han sido terminadas; mientras que en la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) han detectado que el costo de la Planta de Tratamiento es muy elevado, por lo que se terminaría pagando un poco más de 2 mil millones de pesos, hasta 2044.
Y mencionó que esa situación preocupa al gobierno entrante porque en caso de que la CIAPACOV no pueda llegar a pagar, el monto se tendrá que cubrir con participaciones federales que le corresponden al estado por ser el gobierno estatal aval en esa situación.
Finalmente, la integrante del equipo de Transición Colima detalló que en el ámbito de Salud, se han encontrado con una deuda cercana a los 1 mil 400 millones, situación que advirtió, podría seguir creciendo en siguientes días.
En la rueda de prensa estuvieron presentes también el Ing. Eduardo Jurado Escamilla y el C.P. Víctor Torrero Enríquez, integrantes del equipo de Transición Colima.
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